La pluma del escritor peruano Mario Vargas Llosa, ganador del Nobel de Literatura, dio voz a uno de sus personajes legendarios, “Zavalita”, un joven periodista que, al igual que su creador, fue burgués de origen, comunista renegado y liberal por convicción. Así, en las afueras de un bar limeño llamado La Catedral, Santiago Zavala se preguntó: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”. Su cuestionamiento atravesó desde la narrativa hasta los huesos de América latina, en ese lejano 1969.
Hoy, más de cincuenta años después, podríamos dimensionar tres cosas a partir de la pregunta de Zavalita. En primer lugar, Perú late con dignidad en sus calles a pesar de los desmanes políticos y económicos que, una y otra vez, ha perpetrado su corrupta élite peruana en contra de la sociedad mestiza.
En segundo lugar, ese pueblo movilizado contra la corrupción comparte una verdad histórica sobre su pasado, verdad establecida que los hizo condenar, transversalmente, las violaciones de los derechos humanos y el uso ilegítimo de la fuerza a mano de los “tombos” (“pacos”) en las últimas manifestaciones del fin de semana y, en tercer lugar, la ciudadanía peruana que marchó, bailó y cantó por lo justo y al ritmo del Baile de los que sobran, no estaba sola, pues marcharon a su lado la convicción (o la vergüenza) cívica de su Parlamento y la formación ética de sus periodistas.
Dicen que las comparaciones son odiosas, pero esta comparación además de odiosa intenta ser didáctica y esclarecedora respecto de nuestra larga crisis.
Un año y un mes resiste el mestizaje chileno en sus batallas callejeras, marchando, bailando, cantando, muriendo, perdiendo ojos, derechos, libertades y paciencia, en absoluta soledad institucional y parlamentaria.
En cambio, 2 asesinatos perpetrados por la policía peruana en las marchas llamaron a la consciencia de su Parlamento que resolvió un domingo, sin negociación ni escena mediática alguna, la destitución de un tal Merino, el presidente que duró 5 días, para declararse la vacancia presidencial.

En contexto de crisis, por las calles o en nuestros hogares hemos aprendido a realizar mapeos digitales de las marchas, a generar redes para convocar y difundir, a levantar medios de comunicación e incluso a detectar FakeNews de la ultraderecha.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) ha hecho gala de gestión de datos y gracias a ello sabemos que desde octubre 2019 a la fecha se registran al menos 33 muertos oficiales.
Prolijamente, el Indh representa las vulneraciones de nuestros derechos humanos con gráficos de todo tipo, muestreos por macrozona, por sexo hasta por rango etario. Las torturas con su tipificación están al día.
Incluso hay tablas con una suerte de ranking sobre qué institución del Estado ha provocado más víctimas, con todo y sus métodos. Nunca estará demás confirmarles que Carabineros lidera con más de 2.000 casos y el escalofriante método que provoca lesiones oculares, registra por lo menos 460 casos.
La documentación, además, cumple estándares internacionales de acceso libre.[1] Estamos informados como nunca. Asistimos en directo a las votaciones del Parlamento, nos alegramos con el desconfinamiento de un porcentaje de nuestro dinero que no es nuestro, pero que ganamos trabajando duramente gracias a la mano dura del mercado, a decir del cantinfleo que escuchamos cada vez que sintonizamos TV Senado.
Dinero que, en cualquier caso, servirá para soslayar la crisis del empresariado comprando sus productos y servicios.
Odiamos lo que odiamos, como el poeta Armando Uribe y y rabiamos al ver a los parlamentarios de centro o seudo izquierda, votar desconociendo la brillante gestión de datos del Indh, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de cuanta ONG ha vociferado en el mundo sobre el accionar de la policía dirigida por nuestra élite.
El Parlamento chileno que no marcha con nosotros, pero que es experto en esas materias populares, decide liberar de una acusación al renunciado Ministro Pérez que aplaudió a las tropas de carabineros cada vez que pudo, sin mencionar que antaño hizo lo propio como funcionario de Pinochet y defensor de Paul Schäfer.
En Perú establecieron un marco transversal o de consenso sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos. Violarlos no es una posibilidad y no es tolerable ni para el pueblo peruano ni para la abrumadora mayoría de sus autoridades. Frente a este hecho, nuestros estándares motivacionales, de alguna forma u otra, terminan deprimiéndonos.
Íbamos tan bien, aunque entendemos que ni siquiera existimos en los medios de comunicación, a menos que se hable de delincuencia.
Los atisbos éticos en los canales de televisión abierta son tan escasos que se transforman automáticamente en tendencia en las redes.
Incluso sabemos que los domingos están destinados a ser Trendig topic #paulsen, #monicagonzalez o #matamala, para retornar el orden mediático de los lunes.
Entonces, hagamos nuestra última comparación odiosa, porque los periodistas de la televisión pública TV Perú (el equivalente a TVN) denunciaron en pleno noticiero, interrumpiendo la entrega de noticias, para leer un comunicado donde condenaban la censura y el despido de colegas por no adherir a la tergiversación o silencio en torno a las marchas y la represión policial.
Hubo periódicos también que denunciaron a sus autoridades y exigieron libertad de información a voz en cuello y a todo evento.
Es cierto, dolorosamente cierto, comprobar que el periodismo sin ética se instaló hace décadas en nuestras aulas y desborda los cargos y cupos en los medios del empresariado. Convenientemente, nos informaron sobre los traumas oculares por un reportaje publicado en The New York Times.
Lo hemos visto, se tiende a comparar el movimiento con la delincuencia y se establecen patrones visuales en televisión: delincuencia, portonazos, marchas; asaltos, marchas, drogas.
“¿En qué momento se habrá jodido el Perú?”. En realidad, viniendo del poder, esa pregunta solamente pretendía cuestionarse por la pérdida de privilegios que experimenta la élite ante los procesos sociales democráticos.
Entonces acorde a esa tradición republicana, la mujer del presidente demostró llevar las riendas de esta casa, porque sus privilegios no se han visto afectados en ningún sentido, con o sin revuelta, con o sin pandemia, los extraterrestres seguimos en los bordes de su predio, acorralados por el Parlamento, por los camioneros, el mercado y las fuerzas de orden.
Para el caso chileno y a más de un año de protestas tampoco tenemos generales detenidos ni ministros procesados ni al presidente de 3 comunas, un tal Piñera, destituido por mentir o por estafar o violar la confianza de todos y todas las chilenas; que el país se joda es una aspiración del 80%.
Que se joda el país exige hablar de igualdad y no de desigualdad. Que se joda el país exige la denuncia de abusos para dejar de hablar de excesos. Implica justicia y no borrar las paredes de la ciudad o de la historia para contar lo que conviene y tranquilizar a las y los privilegiados.
Porque en América latina, lo sabemos desde mucho antes de la ocurrencia de Zavalita, a fuerza de humillaciones y hastío, el que se jodió, nos despertó.
[1] Mapa de violaciones a los derechos humanos. Indh
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