El Borrador de la propuesta constitucional de nuestro país ha sido presentada y lamentablemente nos encontramos con una gran decepción en relación a la protección del medioambiente y la naturaleza.
Después de años de lucha por parte de organizaciones ambientales y personas comprometidas, es inconcebible que el texto de la nueva carta magna no incluya ningún avance significativo en esta materia.
La crisis climática y ambiental que enfrentamos es una de las mayores amenazas a nivel global, así lo han reconocido organizaciones científicas, líderes políticos y movimientos sociales. Sin embargo, parece que los “EXPERTOS” no han entendido la gravedad de la situación.
El cambio climático, la deforestación, la contaminación del aire y del agua, entre otros problemas, son tópicos que deberían estar en el centro de la discusión constitucional.
Es inaceptable que se permita la degradación de nuestros recursos naturales sin ninguna medida legal clara y eficiente, sólo por el “progreso económico”.
La ausencia de medidas ambientales contundentes en el borrador de la nueva constitución, es una señal clara de que las autoridades designadas no están enfocadas en tomar medidas concretas para proteger nuestro medioambiente y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
El texto se mantiene en un nivel genérico que no permitirá cambios efectivos. Si bien se habla de la protección de los recursos naturales y de la biodiversidad, no se especifican medidas concretas para evitar la degradación de los ecosistemas y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
Además, el borrador de la nueva constitución no establece mecanismos de fiscalización y sanción objetivos para quienes contaminen o degraden el medioambiente. Esto es extremadamente preocupante, ya que sin una normativa clara y una fiscalización efectiva, las empresas y particulares pueden continuar dañando el medioambiente impunemente.
Es necesario que se establezcan políticas claras y sustanciales para enfrentar la crisis ambiental que estamos viviendo y con ello evitar el deterioro de nuestros recursos naturales. Ya no estamos a tiempo de evitar los efectos de la Crisis Climática pero si podemos mitigarlos. Por eso, es una tarea urgente e ineludible otorgar la importancia que tiene el medioambiente y así asegurar el bienestar de las actuales generaciones y de las que vendrán.
El artículo 19 de este borrador establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero es una broma de mal gusto que no se hayan especificado medidas concretas para garantizar este derecho. Además, es inaceptable que la nueva constitución no tenga una sección específica dedicada al medio ambiente. Esto demuestra una falta de compromiso y reconocimiento de la importancia de la protección de los ecosistemas.
Por otro lado, el borrador anterior presentó a lo menos 15 artículos y disposiciones importantes en materia ambiental que se incorporaron en el nuevo documento. ¿Qué pasó con el derecho a vivir en un medioambiente sano?, ¿Que paso con la protección y conservación de la biodiversidad? ¿Qué pasó con el uso sostenible de los recursos naturales? ¿Por qué no se menciona la obligación del Estado de garantizar el derecho al acceso a la información ambiental? Es hora de dejar de ignorar la crisis climática y tomar medidas concretas.
La falta de acción efectiva en materia ambiental en la nueva Constitución es una traición a las generaciones presentes y futuras.
¿Qué tipo de futuro queremos para nuestro país? ¿Uno en donde el cambio climático y el daño ambiental sigan avanzando sin control? No podemos permitir que esto suceda. Los redactores de la nueva Constitución tienen una responsabilidad ineludible de establecer medidas sólidas y concretas para proteger el medio ambiente y garantizar un futuro sostenible para Chile.
La falta de liderazgo y compromiso en este tema es inaceptable y como ecologistas exigimos a quienes están escribiendo la carta magna incorporar medidas concretas en esta materia.
Hacemos un llamado a las autoridades competentes a que se tomen con la seriedad debida las demandas y propuestas de las organizaciones socioambientales, y que incluyan en el texto final de la nueva constitución normas específicas para proteger el medioambiente y garantizar un futuro sostenible para todos y todas.
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