Ayer comenzó el juicio oral contra dos dirigentes de Maipú acusados de desórdenes públicos e irrupción durante un Concejo Municipal en agosto de 2018.
Se les acusa de desórdenes en tres manifestaciones ocurridas en el Concejo Municipal.
En estas manifestaciones, dirigentes y vecinos de Maipú se expresaron en distintas instancias y por distintos motivos.
Según el mismo escrito de la querella, la Municipalidad de Maipú acusa a los dirigentes de esgrimir frases como “Hay plata pa´ peluches y no para estudiar”” o “el que no salta es Katy!” (SIC), entre otras.
Esto a propósito de la polémica compra de peluches ocurridas durante ese año, una situación que tuvo gran notoriedad mediática en medios de comunicación, y que también ha sido objeto de sátiras e innumerables comentarios en redes sociales.
La Municipalidad de Maipú identificó y se querelló inicialmente contra cinco de estos dirigentes por gritar desaforadamente, levantar carteles, cantar consignas políticas, entre otras acusaciones.
Durante la manifestación al interior del concejo, hubo proclamas a favor y en contra de la alcaldesa, ya que en la sala también habían adherentes a la edil, en particular un grupo de vecinas que solían asistir en su apoyo.
Este choque de “barras” llevó finalmente al desalojo del concejo en medio de gritos y consignas.
Una de las intervenciones más recordadas fue la del ahora ex concejal Erto Pantoja, quien hizo sus descargos dirigiéndose solemnemente a los carabineros presentes:
“Yo soy actor y me he ganado un Oscar representando orgullosamente a un carabinero de esta nación. O sea los respeto mucho… Pero no se puede sentar este precedente que utilicen al cuerpo de Carabineros porque hay falta de carácter para dirigir un concejo”, en alusión a la alcaldesa Barriga.
Reacciones y declaraciones
El 29 de agosto y luego de la manifestación, la Municipalidad de Maipú emitió un comunicado, donde rechazaba la situación y explicaba la suspensión de la actividad.
En respuesta a esto, los concejales Marcela Silva, ERto Pantoja, Pdro Delgadilo, Ariel Ramos, Gonzalo Ponce y Abraham Donoso publicaron una declaración donde manifestaron su parecer:
“Acusamos una excesiva presencia de carabineros en la sesión de concejo, algo nunca antes visto en sesiones anteriores, con la sorpresiva asistencia inclusiva del comisario Mayor de Carabineros, Luis Tenhmamm Osorio… Rechazamos enérgicamente cualquier acción autoritaria que limite la libertad de expresión de los dirigentes vecinales”
“Hay que aclarar que los vecinos y dirigentes(as) nunca pusieron en riesgo la continuidad de la sesión, sólo se manifestaron de forma pacífica sin agresión o insulto alguno“, agregaría luego el concejal Ramos al pie de la publicación de la Municipalidad.
Así las cosas, y tras dos años de varias reprogramaciones, el juicio oral comenzó, donde se busca probar la responsabilidad de dos dirigentes en relación a ofensas, desórdenes y la interrupción de tres concejos municipales.
Miguel Jorquera es uno de los dos.
Dirigente de las Ferias Libres de Maipú, es el único que ha referido públicamente al caso. En un video grabado el mismo año de la presentación de la querella, expresó su parecer sobre la situación.
“A las autoridades no les gustan que uno alce la voz, le gusta la gente ovejita“.
“Hoy en día nosotros vamos a trabajar y no sabemos si nuestros puestos van a estar ahí y no los van a ocupar personas ilegales, ya que ella fomenta que se tomen las calles. Si no nos ponemos las pilas y no nos apoyamos, y no reaccionamos vamos a estar peleando por nuestros puestos contra quienes no tienen permiso”.
Esto en referencia a distintos problemas que ya en esa época existían respecto de la entrega de permisos municipales, situación que luego se agudizaría de manera más crítica en la situación de las ferias navideñas de este año.
Es importante destacar que Jorquera en la audiencia simplificada rechazó implícitamente los hechos que se le imputan ante la posibilidad de contar con una posible suspensión, lo que dio pie al juicio oral.
En la audiencia se solicitó orden de detención en contra de una dirigenta que no concurrió, cuya revocación fue presentada luego por la Defensoría Pública al acreditar que la acusada se presentó a Tribunales, no pudiendo ser atendida ya que estaban cerrados producto de la pandemia.
De ser encontrados culpables, los dirigentes arriesgan pena que va desde 61 días a 540 días o una multa que podría superar el millón de pesos.
Este artículo detalla hechos que son parte de un proceso judicial en curso. Debido al principio de presunción de inocencia, existe la posibilidad de que las acusaciones o cargos aquí mencionadas sean desestimados; en cuyo caso Prensa Poniente hará las aclaraciones pertinentes.
¿Te gustó esta nota?
Ayúdanos a seguir escribiendo noticias, reportajes y denuncias como éstas en las comuna del Poniente de la Capital.
