Un gran revuelo social provocó la suspensión de clases del Colegio Reino de Dinamarca en Rinconada de Maipú.
La alarma fue activada por un informe de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), que indicaba una contaminación de casi 4 puntos sobre la norma de cuarzo, un tipo de sílice que afecta gravemente la salud.
Un segundo informe dado a conocer por Capital Poniente demostró que en marzo el colegio alcanzó niveles seis veces sobre la norma permitida.
La noticia tuvo diversas reacciones, siendo la más polémica el encontrón que tuvo la diputada Viviana Delgado (Ecologista Verde) con el Ministro de Educación en la Cámara del Congreso.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio) también reaccionó defendiendo la solicitud de suspender las clases hasta que se pudieran paralizar temporalmente las obras que funcionaban a pocos metros del colegio.
Actualmente, existen dos causas que buscan resolver el problema por la vía judicial.
La primera es una querella interpuesta por la Municipalidad de Maipú y la segunda es un recurso de protección presentado por la Corporación de Educación.
Según los antecedentes de estas demandas, las fuentes de contaminación serían dos.
Una sería la actividad de mejoramiento de terrenos agrícolas en un sector que es propiedad de la Universidad de Chile en Rinconada y es ejecutada por la empresa Cementos Melón.
La otra es la faena minera operada por la Minera Imperial SpA.
El lío judicial detrás de la contaminación por sílice
Debido a que la Universidad de Chile comprometió su apoyo públicamente para evitar cualquier contaminación adicional, la Municipalidad de Maipú decidió enfocarse principalmente en la extracción de áridos de la minera Imperial Spa, cuyos representantes legales son Jorge Soto y Flaminia Betancourt.
Esto a pesar de que, a confesión de la misma empresa, la faena minera se ejecuta en terrenos de la Universidad de Chile (ver documento al final).
La Municipalidad de Maipú interpuso una querella criminal, donde persigue a la minera por el delito de rotura de sellos.
Esto, ya que la actividad de extracción de áridos había sido clausurada durante el gobierno de la alcaldesa Cathy Barriga el 26 de junio del año 2020.
Una clausura con una larga historia de desacatos: partiendo por uno ocurrido tan sólo tres días después del decreto alcaldicio, cuando la minera fue multada por desobedecer la orden.
Las multas realizadas los días 4 de noviembre de 2022, y los días 8 y 9 de marzo de 2023 llevan a pensar que la minera mantuvo sus operaciones a pesar de la prohibición y orden de clausura.
Así lo demuestra también la notificación de la Municipalidad de Maipú con fecha 7 de noviembre de 2022, donde queda claro que la Dirección de Obras Municipales estaba en conocimiento de que estas faenas ocurrían a pocos metros del colegio sin contar con medidas de mitigación adecuadas.
Por esta razón se solicitó una fiscalización de la Seremi Metropolitan de Salud, la cual se realizó el 6 de diciembre de 2022, donde el inspector verificó lo siguiente:
Se observa emisión de polvo con contenido de sílice, dado por tareas de movimiento de tierra y carga de camiones, no controlado en su origen, no contando con medidas de mitigación, existiendo un liceo aledaño lo cual puede producir daño a la salud de trabajadores de la empresa y funcionarios y alumnos del establecimiento de educación y vecindario colindantes.
Por esta razón la Seremi aplicó en marzo de este año una multa de 130 U.T.M. ($8.110.440), confirmando sus observaciones de diciembre y después de considerar que las pruebas presentadas por la minera eran insuficientes para desmentir las irregularidades.
En este contexto, la Municipalidad de Maipú presentó una querella por el delito de rotura de sellos (artículo 270 del Código Penal).
De ser encontrada culpable, los representantes legales de la minera arriesgan reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.
Es decir, lo máximo que podría enfrentar la minera es una multa de $624.500 o 540 días de cárcel.
Un abogado consultado por Capital Poniente, nos señaló que en caso de haber irreprochable conducta anterior, incluso esa condena podría ser disminuida a lo mínimo, es decir a una firma mensual durante un año.
La batalla judicial de la Codeduc y los cuestionamientos a los informes
Por su parte, la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú (Codeduc) presentó un recurso de protección contra la Minera Imperial SpA con fecha 3 de marzo de 2023.
Este recurso tiene como fundamento el informe de la ACHS que indicó una contaminación de 3,7% sobre el límite de cuarzo (sílice) en el ambiente.
Un informe que, según consta en el mismo documento, debería haber estado en conocimiento de la Municipalidad de Maipú desde diciembre del 2022.
El objetivo de este recurso de protección es paralizar las actividades extractivas de la minera Imperial para resguardar la salud de los estudiantes y la comunidad del colegio Reino de Dinamarca.
Sin embargo, el informe es objetado por la minera Imperial, ya que la muestra de tipo sólido no cumpliría los estándares establecidos por el Ministerio de Salud.
Según estos estándares, por ejemplo, este tipo de muestras debe ser tomada con el uso de un dispositivo llamado “ciclón”, el cual debe medir el polvo en suspensión, no una muestra sólida.
En su respuesta al recurso de protección, la minera va incluso más allá, citando un correo electrónico de la especialista que tomó la muestra del ACHS, donde se menciona a la empresa Cementos Melón como la principal causante de la contaminación.
Es más, la minera ya solicitó al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) un nuevo informe que se realice bajo los estándares requeridos por el Ministerio de Salud.
Esta nueva muestra, según la minera, debería ser tomada con la faena funcionando ya que, según señalan, es la única forma que se pueda comprobar los niveles reales de sílice que se les atribuye.
Por esta razón, se solicitó una ampliación de 30 días en la investigación con el fin de realizar estos informes y hacer una “reconstitución de escena” que pueda corroborar los datos de la Asociación Chilena de Seguridad.
¿Cómo ha podido seguir operando esta faena?
Los desargos de la minera son variados, pero entre los más importantes está que no reconocen a la autoridad municipal, ya que su rubro sería de tipo “primario”.
Por esta razón, según la minera, no les corresponde pagar permisos municipales.
En un descargo realizado en agosto del 2020 exponen el asunto, apelando a un fallo de la Corte Suprema (con causa reservada) y el hecho de tener su patente minera al día.
En el mismo documento queda consignado que estas faenas mineras se realizan en terrenos que son de propiedad de la Universidad de Chile
Hasta ahora las operaciones en la faena han podido seguir funcionando a pesar del decreto de clausura y las diversas multas que han debido pagar.
El recurso de protección, aún por resolverse, parece ser hasta ahora la carta más segura para la detención de las obras.
Este reportaje es fruto de un trabajo dedicado y, en algunos casos, con muchas horas e incluso día de trabajo investigando o ganando la confianza de nuestras fuentes. Si quieres aportar más antecedente a este caso o uno similar, escríbenos confidencialmente a contacto@cponiente.cl
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