Revolución Democrática vive un duro momento tras el convenio por $426 millones firmado entre la Seremi de Antofagasta y fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez.
Esto llevó a que renunciara Carlos Contreras, seremi del Ministerio de Vivienda de Antofagasta, quien antes era asesor parlamentario de la diputada y también militante de Revolución Democrática.
Este terremoto político trajo también diversas reacciones, la mayoría condenando el hecho, partiendo por la misma Vocera de Gobierno, Camila Vallejos, quien calificó la situación como “un total y absoluto descriterio”.
“Aquí hubo un seremi que asignó un recurso a una fundación cuyo presidente cumplía funciones en el Gobierno y por eso aquí hay responsabilidades políticas que se han asumido, que son graves a propósito del descriterio político“, comentó la vocera.
Además, la diputada Catalina Pérez suspendió su participación en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, donde ella ejercía como vicepresidenta.
Finalmente, la situación llevó a que su pareja, Daniel Andrade, renunciara a su cargo como asesor del Ministerio de Defensa, cargo que tenía hasta hace pocos días.
La vara con la que mides serás medido
La situación alcanza un mayor relevancia debido a las críticas que anteriormente distintos militantes de Revolución Democrática y el Frente Amplio realizaron respecto de gobiernos anteriores.
El mismo partido del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ha generado diversas campañas informativas, haciendo un juicio muy negativo sobre este tipo de actuaciones.
“Preferir desmedidamente a familiares o amigos, cercanos para empleos públicos o concesiones”… es parte de la definición que Revolución Democrática compartía años atrás.
Misma situación se en otros ámbitos, como el de las denuncias por acoso y violencia de género, donde el partido del Frente Amplio ha sido extremadamente duro frente a este tipo de situaciones en el pasado.
Lamentablemente, y como suele suceder, las personas que con más dureza critican no siempre están dispuesto a hacerse cargo con la misma intensidad cuando se ven enfrentados a sus propios dilemas.
Tal fue el caso que tuvo que enfrentar el partido en la comuna de Ñuñoa, con la concejala Kena Lorenzini, situación que fue también transversalmente condenada desde el interior del partido y que terminó con la renuncia de la concejala feminista tras ser denunciada por acoso laboral.
Situación que, sin ir más lejos, también ha afectado a militantes de Revolución Democrática en Maipú, como es el caso del concejal Bladymir Muñoz, quien se vio envuelto en una polémica por violencia de género, la cual terminó en la anulación del caso por el Tribunal Supremo del partido.
Y si bien los hechos fueron verificados en la investigación, esta debió ser anulada, ya que estos ocurrieron previos a la constitución del partido legalmente. De esta manera, la denuncia quedó sin sanciones administrativas, a pesar de la confesión pública de las transgresiones y la publicación de la documentación asociada al caso.
Este artículo detalla hechos que son parte de un proceso judicial en curso. Debido al principio de presunción de inocencia, existe la posibilidad de que las acusaciones o cargos aquí mencionadas sean desestimados; en cuyo caso Prensa Poniente hará las aclaraciones pertinentes.
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